La amenaza está dada por la posibilidad de construcción de una carretera en ese territorio en el que tienen parte tanto San Ignacio de Moxos (Beni) como Villa Tunari (Cochabamba). Sin embargo también se hicieron proyecciones de deforestación en condiciones “sin carretera”.
Los resultados de la investigación elaborada por un equipo de Fundación Natura se presentaron este 29 de marzo en una mesa organizada por el PIEB para difundir la información y generar interés en distintas instancias gubernamentales.
El estudio “Viabilidad económica e institucional para el desarrollo de iniciativas de Bosque y Cambio Climático en el TIPNIS” fue coordinado por María Teresa Vargas en el marco de la convocatoria “Sostenibilidad de las Áreas Protegidas en la cuenca Amazónica de Bolivia”, que está organizada por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) con apoyo financiero de la Embajada del Reino de Dinamarca.
La deforestación proyectada para los 18 años equivale a 90 millones de toneladas de dióxido de carbono liberadas a la atmósfera, con un valor de entre 100 a 200 millones de dólares en los mercados mundiales de carbono.
El estudio es bastante amplio e incluye análisis del costo de oportunidad de la tierra, un análisis de la situación institucional, una evaluación de las oportunidades y limitaciones del territorio, así como recomendaciones para los operadores de políticas.
Carlos Fuentes, del Programa Nacional de Cambio Climático, y Xavier Claros, técnico del SERNAP, coincidieron en calificar como importante la información sobre deforestación construida por los investigadores porque puede ser utilizada como insumo en los proyectos que prepara el gobierno.
El jefe de protección del TIPNIS, Raúl Urquieta, sugirió la introducción de varias precisiones al estudio, mientras que el asesor del Gran Consejo Tsimane Danny Durán recomendó que cualquier propuesta sea llevada adelante mediante consenso con los pueblos indígenas y con miras a un desarrollo sostenible.
Por parte del PIEB, Godofredo Sandoval resaltó la coincidencia de los invitados en la necesidad de buscar consenso con los pobladores de las áreas protegidas antes de ejecutar cualquier proyecto, además invitó a los responsables de unidades gubernamentales a utilizar los resultados de la investigación con miras a construir sus políticas de intervención.
Fuente: PIEB, martes 29 de marzo de 2011
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