lunes, 30 de agosto de 2010

LA VOZ DE LOS QUE DEFIENDEN EL ISIBORO SÉCURE

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¡¡¡NO QUEREMOS CARRETERA!!!

LOS TERRITORIO INDÍGENAS Y PARQUES NACIONALES SENTENCIADOS A MUERTE

por Pablo Rojas Paredes

Este pasado jueves 27 de agosto de 2010, se realizó con participación de dirigentes y autoridades de los consejos que conforman la CPITCO (Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba) un taller sobre Autonomías en el que se dieron los primeros lineamientos para la redacción de los nuevos estatutos autonómicos. Por otro lado, la oficina del defensor del Pueblo también resaltó el derecho de denunciar cualquier abuso de autoridades públicas en sus oficinas. En representación de defensores del TIPNIS, se expusó la ilegalidad de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos bajo fundamentos técnico-juridicos sustentados por la CPEP y otras leyes de la República. Los pueblos indígenas rechazan la construcción de la carretera y hacen un pedido de que se terminen las invasiones ilegales en territorio indígenas.

Coca ilegal en TCO Yurakaré

Por otra parte, en oficina del Coniyura (Consejo Indígena Yurakaré) en Chimoré, se realizó una reunión de coordinación e informe entre dirigentes y autoridades de los territorios Yurakarés, Yuqui y del TIPNIS, junto a la presidenta de la CPITCO, (Coordinadora de Pueblos Indígenas del trópico de Cochabamba) y el director y funcionarios del INRA departamental. Se denunció el avasallamiento de los territorios indígenas en todos los espacios de la zona. El director departamental del INRA, Lic. Jaime Copa, refirió que “una TCO que está titulada es propiedad privada. La vamos a hacer respetar. Por parte del INRA no va a haber ningún temor para ejecutar desalojos”. Debido a la fuerza de estas denuncias de chaqueo y de que se saca madera ilegal de territorios indígenas, acudió una comisión a Ushbea, comunidad yurakaré que se encuentra a una hora y media de Chimoré. El límite natural de Ushbea con el área colonizada es el río de pequeño caudal, Seuta. Se pudo comprobar la existencia de chaqueo intensivo, derrumbe de árboles añosos y la proliferación de plantaciones de coca, por supuesto ilegal.

Chaqueo ilegal realizado por colonizadores en TCO Yurakaré
El portavoz yurakaré de la comunidad de Ushbea, Benjamín Suárez, indicó: “Si alguien quiere poner fin a los problemas de nuestros territorios debe ser operativo. Nosotros cuidamos los bosques, y otros se aprovechan y los destruyen. El desmonteo y el chaqueo en este momento se hace y las autoridades no se mueven. Los hemos sorprendido sacando madera y chaqueando". Indicó que si las utoridades no ayudan en que se cumpla la ley “llegará el momento de proceder con nuestras manos”. A esto criticó la inefectividad del Gobierno en la lucha en favor de la madre tierra y de los pueblos indígenas: “Discurso fantasma, no hay seriedad porque desde hace tiempo muchos colonizadores hacen lo que les da la gana. Como las autoridades no sufren esta realidad, no nos prestan atención”. El artesano y dirigente mojeño, Marco Herminio Fabricano, se solidarizó diciendo “Es ilegal, preocupante. Hay un rodeo de troncos en la orilla del río que han sacado clandestinamente. Más adentro se puede ver coca ilegal. Nosotros no somos así, sino, estuviéramos con un tractor destruyendo el bosque que para nosotros es sagrado”. Se formalizará la denuncia a la ABT (Autoridad en Bosques y Tierras) para que se haga detener la tala y se haga respetar las leyes.

Madera cortada ilegalmente en TCO Yurakaré, comunidad Usheuta
Camión con madera ilegal en la ruta hacia Usheuta.
Finalmente, se dio a conocer denuncias concretas referidas a la invasión de otras TCO yurakaré, TCO yuqui , Parque Carrasco y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El caso del Isiboro Sécure es alarmante, el viceministerio del ramo hizo público hace un año su intención de erradicar la coca ilegal y detener la invasión del TIPNIS, sin embargo, hasta el momento no ha sucedido nada a pesar de la Cumbre de Tiquipaya y otros discursos y promesas de resonancia internacional. Nos informan y comentan comunarios y defensores del TIPNIS que desde el 2003 a la fecha, han desaparecido 7 comunidades en el área colonizada del Isiboro Sécure, lo que revela un despiadado etno-genocidio al extinguirse una comunidad por año. Advertimos a Bolivia y al mundo la inminente desaparición de dos comunidades más, Cesajsama y Limo, en el Isiboro Sécure si se continúa con abierta y solapada condescendencia con los colonizadores y madereros.


jueves, 19 de agosto de 2010

LA CRUEL INVASIÓN del TIPNIS en el GOBIERNO DE EVO MORALES

El Parque Nacional Isiboro Sécure fue creado por decreto supremo 7401 el 22 de noviembre de 1965. El límite Norte se extendía desde el hito tridepartamental de La Paz, Beni y Cochabamba hasta la confluencia de los ríos Natusama y Sécure con el Isiboro; los ríos Yusama e Isiboro hasta la confluencia de éste con el río Chipiriri definían el límite Sud; las Juntas del río Chipiriri por la cuenca del río Isiboro hasta su unión con el río Sécure junto al Puerto Gral. Esteban Arze demarcaban el límite Este; y las aguas divisorias de las Cordilleras del Sejeruma y Mosetenes trazaban el límite Oeste.

Por decreto supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990, el Parque fue declarado territorio ancestral de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, rebautizado como Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y reconocido como un espacio fundamental para el desarrollo socioeconómico de las comunidades originarias de la zona.

El TIPNIS siempre fue escenario de conflictos y enfrentamientos entre indígenas comunitarios y colonizadores pro capitalistas que se disputan la propiedad de la tierra. En 1992, el dirigente de la Sub Central del TIPNIS Marcial Fabricano y el líder de los colonizadores Evo Morales delimitaron por primera vez las áreas colonizadas y el territorio indígena, y dos años después demarcaron una Línea Roja con el objetivo de frenar la expansión cocalera.

Los intrusos vulneraron los acuerdos y siguieron extendieron sus cultivos de coca en la siguiente década. El 29 de julio de 2006 el Presidente Evo Morales intervino por primera vez en el conflicto y envió un contingente de policías a San Miguelito para desalojar a colonos invasores.

A mediados de junio de 2009, el gobierno de Morales entregó el título ejecutorial colectivo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) de 1.091.656 hectáreas, legitimando de esta manera el territorio de 64 comunidades indígenas Mojeño, Yuracaré y Chiman.

Pero los avasallamientos continuaron y unos 700 cocaleros se asentaron ilegalmente en los campamentos Llallagua, Urkupiña y Uncía, supuestamente con la autorización de su líder máximo, el Presidente Morales. El 26 de septiembre de 2009 el colonizador Laureano Rodriguez perdió la vida en un enfrentamiento con indígenas yuracarés cerca de la población San Miguelito.

Los cocaleros reclamaban derechos sobre las tierras que supuestamente ocupaban desde hace más de cinco años; “podrían estar cinco días o cinco años, pero su asentamiento es absolutamente ilegal porque todos los asentamientos de hecho posteriores a la promulgación de la ley INRA de 1996 son ilegales y pasibles de desalojo”, respondió el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

Mapa que muestra la deforestación en la ZONA DE COLONIZADORES E INVASORES del Siglo XXI dentro del TIPNIS
Entre el 28 y 29 de septiembre de 2009, efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la Policía erradicaron cultivos de coca y quemaron casi un centenar de chozas en campamentos ilegales asentados en el TIPNIS, un área natural protegida por ley de la República.
Meses después, en agosto de 2010, el propio gobierno de Morales aprobó la licencia ambiental del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, consolidando de esta manera la penetración de cocaleros, empresas petroleras, madereros y narcotraficantes en el TIPNIS.

 
La invasión del TIPNIS en el gobierno de Evo Morales

Adolfo Moye recuerda que cuando tenía 10 años de edad, él y sus compañeros de escuela tuvieron que tenderse frente a una máquina que intentaba profanar el TIPNIS. “Ahora que somos mayores con más razón tenemos que preservar el territorio para nuestros hijos y las futuras generaciones”, afirma Moye, ahora presidente de la Subcentral de Pueblos Indígenas del TIPNIS, alarmado por la proliferación de cultivos de coca y por el recrudecimiento del avasallamiento colonizador a partir de 2007.

“Nosotros apoyamos al gobierno de manera incondicional, pero vemos que las bases campesinas del Presidente provenientes de Oruro, Potosí y Cochabamba están extendiendo los cultivos de coca y están dañando nuestro territorio comunitario”, lamenta Moye.

“El gobierno actual nos está atropellando de la manera más cruel, mucho más que en anteriores años, y vulnera los derechos indígenas como si no tuvieran ningún valor, pese a que son reconocidos por la nueva Constitución y las leyes”, reclama el dirigente.

P. ¿Qué consecuencias tuvo la colonización cocalera en el TIPNIS?
 
R. Hemos visto que muchas comunidades terminaron rodeadas por colonos, como por ejemplo la comunidad de Santísima Trinidad donde yo vivo junto a 140 familias indígenas mezcladas con algunos colonos; hemos quedado al centro de la zona colonizada y rodeados por cocaleros. En la comunidad de Limo los hermanos del pueblo moxeño yuracaré ahora tienen apenas una hectárea y trabajan como empleados de los colonos. Sus hijos han tenido que migrar a las ciudades capitales para buscar empleo queriendo adoptar otra forma de vida; en muchos pueblos sólo quedan los viejitos. Algunas comunidades como Puerto Patiño e Isiborito se extinguieron y no sabemos a dónde se fueron esos hermanos.

P. ¿En qué ha cambiado la forma de vida de los indígenas?

R. Nos estamos quedando sin espacio y sin derecho a vivir tranquilos; la expansión de la coca y la deforestación son las mayores amenazas. Nuestra principal fuente de ingreso era el cultivo de arroz, plátano y yuca, pero algunos indígenas influenciados por los colonizadores han optado por sembrar coca con el argumento de que es la salvación económica y puede generar grandes movimientos económicos.
Nosotros no acostumbramos parcelar los lotes para titularlos de manera personal sino que tenemos un título general para todos y para las futuras generaciones indígenas, pero el sábado 7 de agosto en Santísima Trinidad el nuevo secretario general de la federación del trópico de Cochabamba nos dijo que obligatoriamente tenemos que repartirnos las tierras de manera individual.
Para los colonizadores y algunos comunarios indígenas la única fuente de vida es la coca y creen que la carretera Trinidad – Villa Tunari traerá desarrollo; esa es su ideología.

P. ¿A quién beneficia la carretera Trinidad – Villa Tunari?

R. La carretera pasa por las poblaciones indígenas de Santísima Trinidad, San José y San Antonio de Moleto; las otras comunidades están muy lejos y ni siquiera podrán transitar por ella. La carretera está diseñada para beneficiar sólo a los colonizadores de Villa Tunari, Chpiriri, Eteregazama y de otras poblaciones de la zona de colonización conocida también como el polígono 7.

P. ¿El gobierno les consultó y se reunió con ustedes?

R. Nunca hemos tenido estas consultas, quizás en algún momento alguien habrá hablado con alguna persona del TIPNIS que no representa legalmente a los indígenas, pero no hicieron una consulta con la participación del pueblo ni siquiera hubo la invitación de las autoridades. Lamento que la Viceministra de Medioambiente alineada a la ABC haya aprobado la licencia ambiental de la carretera sin informarse de lo que representa el TIPNIS y sin consultar a los hermanos indígenas.

El gobierno ha vulnerado varias disposiciones legales, como por ejemplo el artículo 6 del decreto 22610 que establece que toda construcción y obra de desarrollo, particularmente vías camineras y poliductos, que se realicen en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure, debe contar previamente con un pormenorizado estudio de impacto ambiental, debidamente aprobado por las autoridades del Ejecutivo con la participación de la organización indígena de la región. Según ese decreto, las obras en ejecución deberán ser paralizadas hasta contar con su respectivo estudio de impacto ambiental consultado y coordinado con la organización indígena de la región.

P. ¿Qué consecuencias tendrá la construcción de la carretera?

R. Yo pienso que de aquí a unos 10 años desaparecerán muchas comunidades, me preocupan las pequeñas y frágiles poblaciones moxeño chiman de no más de 60 familias que no están acostumbradas a convivir con cierto sector social ajeno a su cultura y basta que una familia ajena a su cultura se asiente en su pueblo para que migren. Con la carretera que justamente pasa por esa zona les estaríamos quitando ese derecho a tener una vida tranquila y sana, les estaríamos obligando a migrar a otro lado.

Muchos hermanos chimanes han llegado al TIPNIS desde San Borja porque se abrió un camino por esa zona y a ellos no les ha gustado. Con esta carretera les quitamos el último sitio que les quedaba a los chimanes y lo más lamentable es que tendrán que buscar su propia suerte.

P. ¿Alguna vez fue amenazado por criticar y por oponerse a la carretera?

R. Hemos sufrido amenazas de todo tipo, incluso amenazas fuertes. Es difícil liderar un movimiento indígena “rebelde” nada menos que en la zona donde Evo Morales inició su carrera política, específicamente en el sindicato de Nueva Aroma.

Hace poco los colonizadores advirtieron a los hermanos de la comunidad Santísima Trinidad que si no aceptan la carretera no tendrán desarrollo ni atención del gobierno y tendrán que atenerse a las consecuencias. Desde que sacamos una posición firme de no permitir el avance de la carretera hace tres meses los colonos nos bloquearon y prohibieron a las tiendas vendernos artículos de primera necesidad.

El legislador del MAS Julio Salazar llegó a decir a los comunarios que si no accedían al cato de coca serían despojados de sus tierras, es decir que la única manera de garantizar sus tierras era sembrando coca, de lo contrario el Estado nos despojará de nuestras tierras con intervención militar. Yo lamento mucho que los dirigentes allegados a nuestro Presidente le estén cavando el piso; ellos manejan un discurso, pero en los hechos están haciendo otras cosas.

P. ¿Qué piden al gobierno los indígenas del TIPNIS?

R. Creemos que se pueden encontrar soluciones; la construcción del camino es algo secundario para nosotros, lo más importante es que se garanticen nuestros derechos comunitarios como pueblos indígenas y el respeto desde el gobierno y de todos los sectores sociales, incluidos los colonizadores y los ganaderos. No está bien que el gobierno busque el desarrollo sin importarle el medio ambiente, los animales y ni siquiera las vidas de los indígenas.

El hermano Evo no debe olvidar que el TIPNIS es un territorio emblemático donde se dieron los primeros pasos hacia la Asamblea Constituyente y la histórica Constitución Política que reconoce por primera vez los derechos y las formas de vida de los pueblos indígenas y originarios.

El TIPNIS también fue el primer “territorio indígena autónomo” declarado por los pueblos Chimán, Yuracaré y Mojeño-Trinitario en el marco de los artículos 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296 y el artículo 385 de la nueva Constitución, con el respaldo de organizaciones indígenas departamentales y nacionales y de altas autoridades de gobierno que estuvieron presentes en el acto que se realizó el 9 de febrero de este año.

El gobierno de Brasil es cómplice

En el marco del IV Foro Social de las Américas 2010 realizado en Asunción, Paraguay del 11 al 15 de agosto, el líder indígena mojeño trinitario Adolfo Moye denunció que el gobierno de Brasil es cómplice de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas mojeño-trinitario, yuracaré y chimán que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure.

Los pueblos del TIPNIS desde el pasado y hasta hoy se han visto amenazados por actividades petroleras, por la invasión de colonos productores de coca y por la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. El gobierno de Brasil a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) financia la construcción de la carretera con un préstamo de 322 millones de dólares, utilizando así el dinero de los trabajadores brasileños en beneficio de las empresas brasileñas.
Adolfo Moye lanzó la denuncia en Asunción, pocos días después de que la nueva Autoridad Ambiental Nacional, Cinthia Silva otorgó la Licencia Ambiental a dos de los tres tramos del proyecto carretero arbitrariamente fraccionado. La bióloga Silva asumió este cargo luego de la renuncia de la anterior Autoridad Ambiental que se negó a firmar el licenciamiento ambiental de cualquier tramo de la carretera.
Con la otorgación de la Licencia Ambiental se autoriza el inicio de la construcción de la vía, convirtiendo un proceso que debía ser técnico, jurídico, administrativo y llevado adelante con amplia información, participación y debate, en un simple trámite burocrático en el que la Autoridad Ambiental no ha tenido mayor papel que viabilizar decisiones de otras instancias del Ejecutivo que responden a intereses de ciertos sectores como los colonos cocaleros, empresas petroleras, madereros, etc. y no así a las necesidades de los dueños legítimos del TIPNIS.

La decisión de construir esta carretera fue tomada desde el momento en que el gobierno, de forma inconsulta, la declara “prioridad nacional”, contrata el préstamo con el gobierno brasileño y firma el contrato con la empresa OAS de Brasil para que lleve adelante los estudios y las obras de construcción.
¿Qué hacemos para que respeten nuestros derechos?, ¿cómo evitar que desaparezcan los moxeños, yuracares y chimanes?, ¿cómo evitar el ETNOCIDIO?, preguntó Adolfo Moye a los representantes de organizaciones brasileñas, peruanas, paraguayas, uruguayas, colombianas, argentinas y bolivianas que se dieron cita en este encuentro internacional que es parte del Foro Social Mundial (FSM).
Moye pidió al Presidente Evo Morales que recupere la esencia de la lucha de los pueblos, que no se someta a intereses privados, que abandone los discursos vacíos para llegar a los hechos y sobre todo que “no pierda el horizonte”, como le recomendó el presidente paraguayo Fernando Lugo.
Adolfo Moye, presidente de la Subcentral TIPNIS, junto a niños y niñas de la Comunidad San Miguelito

miércoles, 18 de agosto de 2010

OAS: UNA EMPRESA CUESTIONADA


¿U$ted cree que a e$ta empre$a le intere$a Bolivia?
Adivine qué le intere$$$$$a...

• OAS es una empresa constructora que ha sido calificada como de muy baja responsabilidad social y ambiental, habiendo participado en las pugnas de adjudicación para la construcción de la megarepresa Belo Monte en el Xingu a inicios del 2010, megaproyecto fuertemente criticado por los enormes impactos sociales y ambientales que ocasionará. (http://www.americaeconomia.com/, http://www.biodiversidadla.org/ ).

• Actualmente. OAS es parte del consorcio Geraçao Energia junto con Eletrobrás y Furnas, responsables de la construcción y puesta en marcha de la megarepresa Iñambari en la Amazonía del Perú, megaobra fuertemente criticada en el Perú, por su efecto devastador sobre una de las regiones biológicamente más ricas y más frágiles del vecino país, pero principalmente porque afectará una gran superficie del territorio de la etnia Ashaninka. OAS junto con otras empresa brasileras son acusadas en el Perú del logro de adjudicaciones dolosas, claramente desventajosas para el Perú y favorables al Brasil. (http://www.losandes.com.pe/; http://www.servindi.org/).

• OAS ha sido también acusada en el Brasil de irregularidades administrativas en grandes obras urbanas, por ejemplo:

“Irregularidades na construção das novas sedes em Brasília do TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). a construção do TRF, iniciada em janeiro e executada pela Via Engenharia, líder do consórcio, mais a Construtora OAS e Camargo Corrêa. Em nova auditoria de junho deste ano, ainda não concluída, técnicos encontraram mais indícios de irregularidades. Pagamentos foram feitos sem que os serviços tenham sido comprovadamente finalizados, como o desembolso de R$ 2,7 milhões, entre outubro de 2007 e abril deste ano, para concretagem não executada pelo consórcio responsável. (http://www.jusbrasil.com.br/)”

• Otro dato llamativo en el Brasil mencionaba posibles pagos a políticos influyentes por parte de OAS, para obtener supuestos favores legales y administrativos:
“Senadora Kátia Abreu foi apontada pela PF como receptora de R$ 2 milhões da empresa OAS para propor uma emenda à medida provisória 412, que prorrogou o programa de isenções fiscais até 2011. (http://www.infraest-energ-sudamericaa.org/)”.

• OAS, también ha tenido fuertes denuncias de corrupción y tráfico de influencias en Brasil, en torno a diversas pugnas eleccionarias estatales, todo con el fin de evitar cargos por colapso de obras con daños físicos a usuarios (hundimiento y derrumbe en una terminal ferroviaria. en Sao Paulo:

“Depois da cratera do metrô de Sao Paulo, por que continuaram a trabalhar com esta empresa (OAS)? Simples. Porque foi justamente a OAS Engenharia e a outra empreiteira do Rodoanel (Carioca), que doaram quantias enormes de dinheiro para a campanha de José Serra ao governo do Estado em 2006. Das empresas que gerenciam a obra, a OAS Engenharia também participa das obras da Linha 4 do Metrô em SP. Quem não se lembra do desabamento das obras da futura Estação Pinheiros ocorrido em 2007? Naquele caso, houve mortes e uma enorme cratera causada por uma imprudência e descuido técnico, pois o terreno era pouco rígido para a perfuração acelerada que acontecia no local (http://www.g1-globo.noticias.com/)”.

• OAS estuvo implicada en acciones de improbidad administrativa en torno a obras en el aeropuerto de Guarulhos:
“O Ministério Público Federal em Guarulhos, a 35 km da capital paulista, ajuizou ação de improbidade administrativa contra a construtora OAS e a ex-prefeita de Guararema, Conceição Aparecida Alvino de Souza”. (http://www.jusbrasil.com.br/)

• Además en torno a la construcción de complejso habitacionales en la bahía de Guanabara :
“A Procuradoria quer que eles devolvam aos cofres públicos valores supostamente acrescidos ilegalmente na construção de unidades habitacionais populares na Chácara Guanabara e no Jardim Ipiranga, entre os anos 2000 e 2001”. “A OAS ganhou a licitação para realizar uma obra e realizou outra, com alterações estruturais evidentes e confessadas. Mais do que isso, todas as alterações decorreram de comandos informais, não sendo alvo do aditivo contratual exigido pela lei das licitações, destacou Procurador Baraldi”. http://www.jusbrasil.com.br/)

• En cuanto a la licitación para la contrucción de metro de Salvador (Brasil), también OAS estaba señalada :
“O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) propôs, no início deste ano, ação por improbidade administrativa contra as construtoras Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Norberto Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão e Constran e mais 11 pessoas por diversas irregularidades no processo licitatório e na execução das obras do metrô de Salvador, que resultaram em um prejuízo de R$ 100 milhões, em valores atuais, a uma das mais importantes obras do sistema viário da capital baiana. Entre os réus estão ex-funcionários da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da Companhia de Transportes de Salvador (CTS), empresa responsável pela gestão das obras iniciadas há dez anos e até hoje não concluídas”. (http://www.jornalfeirahoje.com.br/)

• En Ecuador, OAS también está envuelta en obras de ingenieria de elevado costo ambiental como la represa Baba Vinces:

“La empresa constructora OAS del Brasil, será la encargada de construir una gran represa en Ecuador. El costo del contrato es de USD 130 millones y comprenderá la conclusión del trasbase del río Baba-Vinces hacia la central Daule Peripa a fin de que el embalse de este último acumule cerca de 300 gigavatios hora (Gw-h) de energía al año. OAS concluirá las obras del trasbase en diciembre próximo y concluirá todo el proyecto hacia junio del 2011”.

“La Confederación Nacional del Seguro Social Campesino - Coordinadora Nacional Campesina, CONFEUNASSC-CNC. Y Segundo Carcelén, Presidente de la Coordinadora Bi-Provincial de Lucha contra la Represa Baba-Vinces, manifestaron que por todos lo medios impedirán la construcción de la Represa Baba-Vinces por cuanto esta exterminará a más de 25 mil familias, de los cantones de Buena Fe, Valencia y Santo Domingo de los Colorados por lo que exigen que las autoridades locales financien los estudios independientes y reales de Impacto Social, económica y ecológica. 

• OAS también se vio envuelta en problemas no solo el Perú o Ecuador, sino también en Chile:
“Una significativa victoria lograron los trabajadores de la construcción que están edificando el nuevo hospital de Rancagua. Luego de un mes de diálogo infructuoso con la empresa compuesta por las constructoras Echeverría Izquierdo, Comsa (capitales hispanos) y OAS (transnacional brasileña), los obreros votaron la huelga el 30 de abril y la hicieron efectiva el 3 de mayo. Una semana duró la paralización de faenas y los 400 trabajadores en lucha obtuvieron importantes demandas. El megaproyecto hospitalario de la VI Región tiene un valor total de 67 mil millones de pesos. Como las labores llevan tres meses, para no aceptar el convenio con los obreros, la patronal esgrimió el artículo 308 del Código Laboral que afirma que los trabajadores no pueden negociar colectivamente sino tienen menos de un año de permanencia en la obra. Chile, julio 2010. Las reivindicaciones laborales estaban asociadas a mejoras en materia de seguridad e higiene. Los obreros corrían riesgo de vida. Los pilares enfierrados que pesan toneladas eran sujetos apenas por sogas de nylon o pita, en vez de cable acerado; y el ángulo de talud era tan pronunciado que facilitaba peligrosos accidentes. Además los sueldos de los obreros eran de miseria”.

viernes, 13 de agosto de 2010

EVO SE BURLA DE LA PACHAMA

BOLIVIE: "Evo se moque bien de la Pachamama dans le fond..." Señor, presidente Evo Morales, traducimos esta frase que le dedican en francés a propósito de la contradicción de su discurso y su interés de destruir un Área protegida con una carretera: "En el fondo, Evo se burla de la Pachamama...". Con todo respeto a su investidura: es una terrible realidad, los hechos lo confirman...

jueves, 12 de agosto de 2010

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Los abajo firmantes, preocupados con el destino del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) producto de la proyectada construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, a la opinión pública:

1. Apoyamos la resolución del XXIX Encuentro Extraordinario de Corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure Autónomo de los Pueblos Indígenas Moxeño, Yuracaré y Chimán -18/V/2010, donde han decidido “Rechazar contundente e innegociablemente la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos o todo trazo carretero que afecte nuestro territorio, nuestra casa grande” (punto 1 de la Resolución Nº 0001/2010).

2. Reconocemos la necesidad de conectar vialmente los departamentos de Cochabamba y Beni, como medio para construir otro tipo de relaciones sociales con los hermanos y hermanas del Beni, basadas en los intercambios productivos y culturales de nuestras sociedades. Por tanto, es una demanda interna la que debe orientar la decisión de construir esta carretera antes que la articulación al capitalismo globalizado.

3. La decisión de la construcción de la carretera se ha tomado sin seguir los procedimientos técnicos y legales, sin un estudio de impacto ambiental previo, sin aplicar el derecho a consulta de los pueblos indígenas dentro del TIPNIS, transgrediendo la misma Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) recientemente aprobada en sus artículos 30 y 343, además de transgredir las leyes que preservan el medio ambiente. La sociedad democrática que los bolivianos y bolivianas estamos empeñados en construir incluye aplicar totalmente estos principios e instrumentos.

4. La construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos presenta demasiados riesgos altamente peligrosos para los territorios indígenas, el ecosistema, los departamentos y el país, que requieren ser resueltos antes de decidir su construcción:

- Como ha sucedido en otras experiencias, la carretera condenará a poblaciones indígenas yuracarés, moxeñas y chimanes, algunas de ellas con escaso contacto con el mundo externo, hasta su desaparición. Este hecho vulnera los artículos 2 y 100 de la CPEP.

- La infraestructura vial de conexión destruirá irremediablemente un ecosistema de alta biodiversidad, en muchos casos ni siquiera estudiado, que se perderá antes de siquiera determinar su valor. La biodiversidad está protegida por la CPEP en su artículo 381. Un gobierno defensor de la naturaleza debe aplicar principios precautorios y suspender las obras mientras se desconozca la magnitud y riqueza de la biodiversidad existente en este territorio.

- La carretera parte por la mitad un área protegida por ley de la república. Reproduciría la larga historia de la colonización en Bolivia, que empezó hace cinco siglos. Detrás de la carretera vendrán, no solo nuevos colonizadores, sino también las empresas petroleras, madereras y el narcotráfico, proceso que de hecho ya ha comenzado, con una escasa capacidad del Estado para intervenir y regular. Esta situación contradice el artículo 385 de la CPEP.

- Al destruir la naturaleza sin una explicación técnicamente argumentada, se está contradiciendo la política internacional de defensa de la madre tierra, que el presidente Evo Morales ha liderado, junto a otros gobernantes, en escenarios internacionales. La coherencia de lo dicho y lo hecho es lo que se espera de un gobierno de cambio.

- Existen denuncias sobre el alto costo de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, además de no existir información detallada y fidedigna al respecto. Tenemos la sensación de que el gobierno, deliberadamente, oculta información para evitar los cuestionamientos de los ciudadanos y las organizaciones sociales. Frente a esta cultura del secreto, exigimos el respeto a los artículos 21, 106 y 242 de la Constitución Política del Estado que garantizan el derecho ciudadano de acceder a información sobre proyectos ejecutados por entidades estatales. Asimismo, demandamos que se cumpla en su integridad el artículo 149 de la Ley Marco de Autonomías el cual establece claramente la obligación de los gobiernos autónomos de “responder a los requerimientos de información específica formulados por cualquier ciudadana o ciudadano, organización social u organismo colegiado, y permitir el acceso efectivo a la información de cualquier entidad pública”.

- La carretera es parte del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) que trabaja con proyectos de infraestructura de transportes, energía y comunicaciones en 12 países sudamericanos para sostener el Capitalismo del Siglo XXI. Sus postulados se basan en un plan de comercio y beneficio para grandes empresas, contradiciendo el mandato de incentivar y consumir la producción local proclamada por el presidente Evo Morales. Por otra, se trata de la colonización y destrucción de la Amazonia por la expansión de actividades mineras, hidrocarburíferas, expansión del monocultivo de la soya y de las plantaciones de celulosa. Estos proyectos han violado sistemáticamente, los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169-OIT, y los artículos 3, 4, 18, 19, 23, 29, 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En este caso específico, se están violando los siguientes artículos de la CPEP: Artículo 2; Artículo 14 numeral III; Artículo 30, numerales 1,2, 4, 5,7,10,15 ; Artículos 33, 34 y 42, numeral 2; Artículo 202 numerales 8,11; Artículo 256, Artículo 304 numeral I, incisos 2,3,7,10, 21,22, numeral II inciso 3, numeral III, incisos 3 y 9; Artículos 307, 353, 385 numeral I, Artículo 405 numeral I.

5. Nos solidarizamos con el hoy ex viceministro de medio ambiente, Juan Pablo Ramos y su director de medio ambiente, Luis Beltrán, quienes en loable acto de dignidad, renunciaron por negarse a firmar la licencia ambiental de la carretera, debido justamente a sus irregularidades.

6. Exigimos que se hagan estudios previos de factibilidad analizando todas las alternativas de trazo fuera del TIPNIS, basados en criterios de escala humana, locales, ecológicos y sustentables del desarrollo.

Por estos motivos demandamos al presidente Evo Morales, como defensor de la naturaleza y la madre tierra, y aplicando principios precautorios, ordene la suspensión inmediata de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por los riesgos e impactos que supone para los pueblos indígenas y su territorio, los ecosistemas y biodiversidad existente; al mismo tiempo, el gobierno debe realizar diseños alternativos fuera del TIPNIS.

Asimismo, solicitamos la inclusión de un acápite dentro la ley autonómica departamental prohibiendo expresamente todo tipo de actividades económicas extractivas y de infraestructura dentro de los parques nacionales que se encuentran dentro el departamento de Cochabamba, y la aplicación del derecho de consulta previa en territorios indígenas.

Cochabamba, 11 de agosto de 2010

domingo, 8 de agosto de 2010

HOMENAJE A LOS PUEBLOS DEL ISIBORO SÉCURE

Momentos previos a la destrucción de sus territorios

Por Marc Gavaldà

El "demasiado tarde" ha sido el terrible escollo donde han colisionado las causas más dignas y las luchas más nutridas. Los que detentan el poder lo tienen muy bien aprendido y, cuando se trata de implemetar proyectos que generan el repudio de la población, se aprestan a ejecutarlos atajando las propias leyes si es necesario.
El proyecto carretero Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, que partiría en dos el corazón de la Amazonía boliviana, parece haber tomado el rumbo de la reprochable política de los hechos consumados. Los pueblos afectados por esta "cuchillada amazónica" han sido ignorados, así como también se han descartado las leyes que obligan la realización de un Estudio de Impacto Ambiental, o más aún, la propia renovada Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. La reciente renuncia del Viceministro y el Director de Medioambiente por negarse a firmar la Licencia Ambiental es un doloroso ejemplo de malas prácticas del poder.

Los pueblos yurakarés, moxeños y chimanes son los pueblos originarios que han vivido y mantenido los ecosistemas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Sus comunidades, apostadas en los cauces de los caudalosos ríos, han desarrollado culturas propias ajenas al mundo occidental y a su comercio de mercancías globalizadas. Desconocen o rechazan, por ejemplo, la ambición del gobierno brasilero de convertir la Amazonía en pasto de transgénicos y agrocombustibles y su necesidad imperiosa de exportarlos a los mercados asiáticos a través de Bolivia. También rechazan la necesidad de corporaciones petroleras con accionistas endeudados que necesitan lucrarse urgentemente del petróleo que alberga el subsuelo amazónico. Seguramente desconocen, como cualquier otro ciudadano de Bolivia, los compromisos personales que ha suscribido Evo Morales con su colega Ignacio Lula en aquel abrazo que estrecharon en Villa Tunari, cuando corrió el cheque que cubrirá el 80% de los 415 millones de dólares del coste para ejecutar el discutido proyecto.

Entre los años 1997 y 2000, recorrí las sendas y cursos fluviales del TIPNIS recabando pruebas sobre los impactos de la actividad petrolera en el Bloque Sécure, operado por Repsol-YPF.[1] Fueron entradas en moto, bicicleta, a pie y en canoa gracias al acompañamiento efectivo del cuerpo de guardaparques de esta área protegida. Una grandiosa oportunidad de compartir momentos vitales con las comunidades de  campesinos así como también  yurakarés, moxeñas y chimanes en los departamentos de Cochabamba y Beni. En aquel momento, la amenaza de las petrolera, concretizada por la apertura de 1.000 kilómetros de líneas sísmicas y algunas irregularidades de la compañía, eran una problemática llevadera entre otras más urgentes, como la angustiante militarización de la lucha contra la coca para los campesinos, o la gestación de las marchas indígenas para la titulación de territorios. Pero la experiencia sobre hechos consumados, condujo a valiosas movilizaciones de los pueblos del TIPNIS.

Un bloqueo cocalero antipetrolero

En 1998, la petrolera Repsol ingresó de nuevo al territorio como Pedro por su casa. Sin consultar, deforestando los márgenes del río Isiboro para que despeguen sus helicópteros y entregando 4 becas escolares a la Subcentral del TIPNIS en Moxos como única compensación. Las comunidades campesinas del TIPNIS en Cochabamba, representadas por 8 centrales y 50 sindicatos enviaron una carta a la Viceministra de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente “manifestando protesta y descontento por el avasallamiento al Parque Nacional Isiboro Sécure”[2]. A la inacción gubernamental y la continuación de operaciones petroleras, en Abril se organizó un bloqueo que mantuvo en vilo a la compañía transnacional. Durante 15 días, los 200 trabajadores del campamento Isinuta, no lograron salir de sus instalaciones. Las campesinas se burlaban cuando los observaban desde la barricada, arrodillados cortando el césped del helipuerto con machete para tener alguna actividad. El conflicto se resolvió el 30 de abril en un galpón del pueblo, con la firma de unas compensaciones irrisorias para las comunidades campesinas  teniendo en cuenta de las millonarias inversiones que estaban en juego en el bloque Sécure. Pero había prisa por las dos partes para resolver la contienda. Para la petrolera, cada día de paro significaba pérdidas y contratiempos en sus operaciones ya delimitadas naturalmente por la época de lluvias. Para los campesinos, la siguiente madrugada iniciaban, junto a las demás centrales del Cahapare, un bloqueo de la carretera Santa Cruz- Cochabamba, en cuya represión los militares segaron varias vidas en la carretera. Participé yo mismo, en el entierro a un campesino que fue encontrado tiroteado en un río de Shinaota.
Eran sin duda otros tiempos, cuando Evo Morales era un campesino más y el gobierno del ex-dictador Hugo Banzer, aliado en una megacoalición de partidos oligarcas, no temblaba al militarizar la selva bajo los designios de Estados Unidos.

Pero más allá de la problemática cocalera, en 1998 se demostró que la población campesina apostada al interior del TIPNIS, podía tambien ser aliada de los pueblos indígenas en materia de defensa del territorio contra las corporaciones extractivas. El susto que encajó Repsol-YPF le ayudó a educarse en el campo de las relaciones con la población local: "pedir permiso antes de entrar".

Moxeños y Chimanes todos a una 
 
En el año 2000, Repsol YPF ya había consumado la exploración sísmica e inició 3 perforaciones exploratorias en el Bloque Sécure. En la comunidad de Paracti, a pocos kilómetros de Villa Tunari, la construcción de un pozo generó impactos sobre los ríos. El mismo alcalde de la capital chapareña, denunciaba en el diario Los Tiempos, haber atrapado infraganti a operarios de la compañía vertiendo lodos tóxicos en las trubulentas aguas del río Espíritu Santo.[3]
En el departamento del Beni, mucho más aislado de las miradas ajenas, Repsol construyó un pozo en las estribaciones de la inexplorada Serranía Eva-Eva. Algunas comunidades de chimanes fueron directamente afectadas, por el tráfico de camiones, el vertido de diesel en el río Apere o la compra de piezas de caza destinadas normalmente a la alimentación familiar. El que suscribe el artículo fue testimonio también de una comunidad chimán totalmente alcoholizada, que supuestamente recibía el apoyo de la compañía en una campaña de higiene dental.
En junio se realizó una reunión extraodinaria de los corregidores de las 17 comunidades indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), vecina al TIPNIS y afectada actualmente también por el proyecto carretero en cuestión. Moxeños, Chimanes y Mosetenes compartieron sus miedos y preocupaciones por la intervención petrolera, emitiendo un Voto Resolutivo declarándose en Estado de Emergencia para que se inicie una demanda judicial contra Repsol por impago de sueldos a 20 comunitarios explotados y la reversión de la Declaratoria de Impacto Ambiental, la cual fue otorgada sin consulta a las comunidades afectadas por el proyecto.[4]
Doce años después, como si la “revolución democrática” de Evo Morales no hubiera existido más allá de los discursos, los pueblos yurakarés, moxeños y chimanes del TIPNIS, emiten un “Rechazo rotundo a la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”.[5] En la resolución, interpelan personalmente al “Presidente indígena” por incomprender su actitud de imponerles una carretera a la fuerza.

Evitar un etnocidio

La construcción de carreteras en la Amazonía, en todos los países y épocas, ha generado una inseparable destrucción de los territorios a varios kilómetros de la trocha. A los impactos directos por deforestación, modificación de cursos de agua y erosión, hay que añadirle las actividades humanas inducidas por el nuevo acceso. Negar que detrás de la retroescabadora nadie ingresará al Tipnis es pecar de ingenuidad o malas intenciones. La colonización, activación de actividades extractivas y depredatorias, o las relacionadas al continuo tráfico de camiones,  fulminarán los ecosistemas y territorios del TIPNIS irreversiblemente. Los pueblos que lo han habitado y conservado, desaparecerán silenciosamente envueltos en enfermedades comunes, desnutridos por la desaparición de la caza y pesca, desplazados a patadas como ganado. Como lo hicieron los yurakarés y yukis del Chapare, dejarán como único rastro el nombre de algún río o la leyenda de que en las cunetas de la carretera Villa Tunari – San Ignacio vivían culturas y pueblos con nombre propio . Antes del “demasiado tarde” escuchemos la voz de los pueblos del Isiboro Sécure.

[1]    GAVALDÀ, Marc, Las Manchas del Petróleo Boliviano, OLCA-Fobomade, Cochabamba, 1999 y GAVALDÀ, M., La Recolonización, Icaria, Barcelona, 2003
[2]    Carta del Comité de Defensa a la Sra. Neysa Roca, Viceministra de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Villa Bolívar (TIPNIS), 21/02/1998, citada y transcrita en GAVALDÁ, 1999
[3]    Los Tiempos , 01/04/1998
[4]    Corregidores del TIM, Voto Resolutivo, San Ignacio de Moxos (03/06/2001).
[5]    Corregidores del TIPNIS, Resolución Nº 0001/2010, San Miguelito del río Isiboro, Beni, 18/05/2010

martes, 3 de agosto de 2010

Forma parte de la defensa de la VIDA

Estimados amigos y amigas:

Como es de vuestro conocimiento, desde diversos puntos de vista, se ha criticado la construcción de la carretera Villa Tunari -San Ignacio de Moxos:

- condenará a poblaciones indígenas yuracarés, mojeñas, chimanes hasta su desaparición;

- destruirá irremediablemente un ecosistema de alta biodiversidad, protegido por normas nacionales e internacionales, pues detrás de la carretera llegarán colonizadores, el narcotráfico, empresas petroleras y madereras, proceso que de hecho ya ha comenzado, con una escasa capacidad del estado para intervenir y regular;

- la decisión de la construcción de la carretera se la ha tomado sin un estudio de impacto ambiental previo, sin aplicar el derecho a consulta de los pueblos indígenas dentro el TIPNIS, vulnerando la misma Constitución recientemente aprobada;

- su alto costo y escasa transparencia en el proceso de contratación;

- contradice la política internacional de defensa de la madre tierra, que el presidente Evo Morales ha estado liderando junto a otros gobernantes, en escenarios internacionales.

En un acto de loable dignidad, han renunciado el viceministro de medio ambiente, Juan Pablo Ramos y su director de medio ambiente, Luis Beltrán, por negarse a firmar la licencia ambiental de la carretera.

Defensores de la vida, académicos, estudiantes, grupos ecologistas e individualidades preocupadas con el destino del Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS), hemos constituido un grupo de voluntarios en defensa de este paraíso. Forma parte de la defensa de la vida.

Cochabamba, Bolivia, agosto de 2010