1. Apoyamos la resolución del XXIX Encuentro Extraordinario de Corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure Autónomo de los Pueblos Indígenas Moxeño, Yuracaré y Chimán -18/V/2010, donde han decidido “Rechazar contundente e innegociablemente la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos o todo trazo carretero que afecte nuestro territorio, nuestra casa grande” (punto 1 de la Resolución Nº 0001/2010).
2. Reconocemos la necesidad de conectar vialmente los departamentos de Cochabamba y Beni, como medio para construir otro tipo de relaciones sociales con los hermanos y hermanas del Beni, basadas en los intercambios productivos y culturales de nuestras sociedades. Por tanto, es una demanda interna la que debe orientar la decisión de construir esta carretera antes que la articulación al capitalismo globalizado.
3. La decisión de la construcción de la carretera se ha tomado sin seguir los procedimientos técnicos y legales, sin un estudio de impacto ambiental previo, sin aplicar el derecho a consulta de los pueblos indígenas dentro del TIPNIS, transgrediendo la misma Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) recientemente aprobada en sus artículos 30 y 343, además de transgredir las leyes que preservan el medio ambiente. La sociedad democrática que los bolivianos y bolivianas estamos empeñados en construir incluye aplicar totalmente estos principios e instrumentos.
4. La construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos presenta demasiados riesgos altamente peligrosos para los territorios indígenas, el ecosistema, los departamentos y el país, que requieren ser resueltos antes de decidir su construcción:
- Como ha sucedido en otras experiencias, la carretera condenará a poblaciones indígenas yuracarés, moxeñas y chimanes, algunas de ellas con escaso contacto con el mundo externo, hasta su desaparición. Este hecho vulnera los artículos 2 y 100 de la CPEP.
- La infraestructura vial de conexión destruirá irremediablemente un ecosistema de alta biodiversidad, en muchos casos ni siquiera estudiado, que se perderá antes de siquiera determinar su valor. La biodiversidad está protegida por la CPEP en su artículo 381. Un gobierno defensor de la naturaleza debe aplicar principios precautorios y suspender las obras mientras se desconozca la magnitud y riqueza de la biodiversidad existente en este territorio.
- La carretera parte por la mitad un área protegida por ley de la república. Reproduciría la larga historia de la colonización en Bolivia, que empezó hace cinco siglos. Detrás de la carretera vendrán, no solo nuevos colonizadores, sino también las empresas petroleras, madereras y el narcotráfico, proceso que de hecho ya ha comenzado, con una escasa capacidad del Estado para intervenir y regular. Esta situación contradice el artículo 385 de la CPEP.
- Al destruir la naturaleza sin una explicación técnicamente argumentada, se está contradiciendo la política internacional de defensa de la madre tierra, que el presidente Evo Morales ha liderado, junto a otros gobernantes, en escenarios internacionales. La coherencia de lo dicho y lo hecho es lo que se espera de un gobierno de cambio.
- Existen denuncias sobre el alto costo de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, además de no existir información detallada y fidedigna al respecto. Tenemos la sensación de que el gobierno, deliberadamente, oculta información para evitar los cuestionamientos de los ciudadanos y las organizaciones sociales. Frente a esta cultura del secreto, exigimos el respeto a los artículos 21, 106 y 242 de la Constitución Política del Estado que garantizan el derecho ciudadano de acceder a información sobre proyectos ejecutados por entidades estatales. Asimismo, demandamos que se cumpla en su integridad el artículo 149 de la Ley Marco de Autonomías el cual establece claramente la obligación de los gobiernos autónomos de “responder a los requerimientos de información específica formulados por cualquier ciudadana o ciudadano, organización social u organismo colegiado, y permitir el acceso efectivo a la información de cualquier entidad pública”.
- La carretera es parte del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) que trabaja con proyectos de infraestructura de transportes, energía y comunicaciones en 12 países sudamericanos para sostener el Capitalismo del Siglo XXI. Sus postulados se basan en un plan de comercio y beneficio para grandes empresas, contradiciendo el mandato de incentivar y consumir la producción local proclamada por el presidente Evo Morales. Por otra, se trata de la colonización y destrucción de la Amazonia por la expansión de actividades mineras, hidrocarburíferas, expansión del monocultivo de la soya y de las plantaciones de celulosa. Estos proyectos han violado sistemáticamente, los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169-OIT, y los artículos 3, 4, 18, 19, 23, 29, 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En este caso específico, se están violando los siguientes artículos de la CPEP: Artículo 2; Artículo 14 numeral III; Artículo 30, numerales 1,2, 4, 5,7,10,15 ; Artículos 33, 34 y 42, numeral 2; Artículo 202 numerales 8,11; Artículo 256, Artículo 304 numeral I, incisos 2,3,7,10, 21,22, numeral II inciso 3, numeral III, incisos 3 y 9; Artículos 307, 353, 385 numeral I, Artículo 405 numeral I.
5. Nos solidarizamos con el hoy ex viceministro de medio ambiente, Juan Pablo Ramos y su director de medio ambiente, Luis Beltrán, quienes en loable acto de dignidad, renunciaron por negarse a firmar la licencia ambiental de la carretera, debido justamente a sus irregularidades.
6. Exigimos que se hagan estudios previos de factibilidad analizando todas las alternativas de trazo fuera del TIPNIS, basados en criterios de escala humana, locales, ecológicos y sustentables del desarrollo.
Por estos motivos demandamos al presidente Evo Morales, como defensor de la naturaleza y la madre tierra, y aplicando principios precautorios, ordene la suspensión inmediata de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por los riesgos e impactos que supone para los pueblos indígenas y su territorio, los ecosistemas y biodiversidad existente; al mismo tiempo, el gobierno debe realizar diseños alternativos fuera del TIPNIS.
Asimismo, solicitamos la inclusión de un acápite dentro la ley autonómica departamental prohibiendo expresamente todo tipo de actividades económicas extractivas y de infraestructura dentro de los parques nacionales que se encuentran dentro el departamento de Cochabamba, y la aplicación del derecho de consulta previa en territorios indígenas.
Cochabamba, 11 de agosto de 2010
Cochabamba, 11 de agosto de 2010
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