La Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia (CIDOB) definirá hoy el lugar de partida de la Novena
Marcha Indígena, que comenzará el próximo 20 de abril y exigirá al Gobierno
nacional respeto por los derechos individuales y colectivos vigentes en la
Constitución. Reunidos en la tercera Comisión Nacional de este año,
representantes de los pueblos de todo el país reafirmaron su compromiso de
movilizarse en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure
(TIPNIS), por donde el presidente Evo Morales pretende hacer pasar una
carretera, en clara vulneración a sus compromisos verbales, así como decenas de
garantías constitucionales de las y los bolivianos.
En el encuentro, los habitantes
del TIPNIS informaron sobre la última estrategia del Gobierno para desbaratar
al movimiento indígena. Luego de que más de 40 corregidores de este territorio
decidieran ir a la marcha, los funcionarios de Morales se dedicaron en estas
comunidades a preparar golpes de estado a escala. En Totora, una comunidad de
la Subcentral Sécure, comenzará hoy un encuentro de ocho “corregidores”,
patrocinado por el Órgano Ejecutivo, para desconocer las resoluciones del 30º
Encuentro de Corregidores y, descaradamente, convocar al redil del “proceso de
cambio” dirigido por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Luego de haber desarrollado el
30º Encuentro de Corregidores en Gundonovia, el Gobierno se ha empeñado en
defenestrar a nuestras organizaciones, a hacer organizaciones paralelas, para poder
tener la autorización de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio
de Moxos. En las comunidades del río Sécure, por encima de nuestras autoridades
se han entrado los del Gobierno. Están entrando por aire y agua, queriendo convencer
a otros corregidores para cambiar a nuestras autoridades legítimas. Quieren hacer
una nueva directiva que les dé pues el permiso para hacer la carretera, quieren
una subcentral que esté al servicio del Gobierno”, dijo Youci Fabricano, de la
comunidad Puerto San Lorenzo.
“En las comunidades de nuestra
organización nunca se ha visto que hagan un evento de esta magnitud. Nos han
informado que a Totora han llevado cantidad de víveres y combustibles con qué
facilidad. Cuando nosotros hicimos nuestro encuentro sufríamos por la
logística, pero fue donde más de 40 corregidores estuvieron presentes. Y allá,
que son ocho comunidades, tienen de todo y en abundancia: esta es la mano del Gobierno,
su plan del Gobierno, manejado por su poder. Pero nosotros no lo vamos a
permitir. Hemos venido acá para asentar esta denuncia y para que todo el país
lo sepa, lo conozca toda la población y esté enterada de lo que está pasando
allá en el TIPNIS”, dijo Fabricano, del pueblo Mojeño.
Para él, como para la mayoría de
los habitantes del TIPNIS, una preocupación muy grande radica en la invasión
permanente de colonos, quienes suelen dañar las tierras y contaminar las aguas
con algunas de sus producciones. “Es bien triste la realidad del Polígono 7. Se
ve cómo las aguas del río Isiboro están totalmente contaminadas, muertas. Allá
la naturaleza es tan diferente. Es una zona bien explotada, se nota el cambio
radical en comparación con la naturaleza que tenemos todavía gracias a Dios en
el sector del río Sécure. Allá en la zona sur no se ve una naturaleza
tranquila, se ve una naturaleza cansada. Las tierras ya están, como se dice, degradadas,
devastadas. Por eso, el Gobierno ya se ha comprometido a darles las tierras del
TIPNIS a los colonizadores. La principal actividad en el Polígono 7 es la siembra
de coca y la fabricación de la droga. Y para estos hermanos del CONISUR
(Consejo Indígena del Sur, aliada al MAS) su actividad es esa. Ellos son los
peones, los mozos de los colonizadores. Y nosotros de eso nunca queremos estar,
no queremos estar de mendigos el día de mañana. Por eso nosotros vamos a
defender a nuestra organización, a nuestro pueblo, a nuestros hijos, a nuestras
comunidades. Le digo que estamos decididos a defendernos, aunque somos gente
pacífica, pero estamos decididos a defendernos”, aseguró Fabricano.
Según el Gobierno nacional, con
su Ley 222 (de Consulta posterior y solo al TIPNIS) preguntará también a 13
comunidades del Polígono 7 si quieren la carretera o no. Para las subcentrales,
con esta medida injusta el presidente Morales piensa en asegurar el resultado
–por el sí. “Hemos dicho que en el Polígono 7 no tienen que responder por
nuestro territorio, porque allá esas tierras están parceladas, con títulos
individuales entregados por el mismo Presidente ¿Qué razón hay para que ellos
decidan si ya no pertenecen al Territorio Comunitario de Origen (TCO), nuestro
territorio? No les corresponde ya decir palabra”, dijo Fabricano.
La selva verdeolivo
En la tercera Comisión Nacional,
realizada en la sede de la CIDOB, se presentó un informe sobre el 30º Encuentro
de Corregidores. Tomás Candia, del pueblo Chiquitano, comentó sus impresiones
del territorio. “Otra cosa es verlos allá a los hermanos, adentro. Es verdad
que hay mucha amenaza, es verdad que el TIPNIS está militarizado. Cuando hemos
vuelto (de la comunidad Gundonovia hacia Trinidad) hemos encontrado a dos
pirañas (botes de la Armada boliviana) lleningas de militares y con
ametralladoras. Creemos nosotros que ahí no son las fronteras, ellos deberían
estar en las fronteras cuidando, pero ahora los hemos visto con ametralladoras
¿para qué si no estamos en guerra? Es lamentable ver esa situación de los
hermanos que viven en el TIPNIS”.
Candia, secretario de Juventud de
la CIDOB, opinó que “debemos unirnos para defender el territorio, porque de
repente hoy es el TIPNIS, mañana será mi territorio, otros territorios. Allí se
ha visto la realidad y se ha visto la unidad que tienen los corregidores dentro
del TIPNIS. No es como se dice, que han sido unos cuantos: han estado los
corregidores y han manifestado que sí van a defender su territorio. Resultado
de este encuentro, el Gobierno ha organizado otro encuentro de corregidores. Este
Gobierno está jugando con nosotros: primero hacemos una marcha y luego nos
hacen una contramarcha; hacemos un encuentro de corregidores y ahora hacen el
de ellos. No sé hasta dónde van a llegar. Incluso en nuestras organizaciones
están entrando para dividir a las diferentes regionales”, dijo el chiquitano.
En una charla con la profusión de
prensa en la Casa Grande del barrio San Juan, Adolfo Chávez, presidente de la
CIDOB, mostró la lista de asistencia. “Hay 11 presidentes de las regionales en
sala, con sus respectivos delegados. También están los hermanos del CONAMAQ
(Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu), la CNAMIB (Confederación
Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia), los hermanos del TIPNIS. Ausente
eventualmente está la CPESC (la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa
Cruz, una de las 12 regionales), los demás están todos presentes. No hay
justificación todavía de la regional CPESC”.
Ayer, en la tercera comisión
discutieron también sobre una propuesta de boleta censal. Hoy, se elaborará la
plataforma de demandas de la Novena Marcha Indígena y se definirá su punto de
partida, entre otros detalles.
Durante la Octava Marcha
Indígena, los personeros del Gobierno nacional decían constantemente que
estaban abiertos al diálogo con los movilizados, pero cuando se llegaban a
sentar para negociar concretamente, decían que la decisión del Presidente era
construir la carretera sí o sí y a los indígenas sólo les competía adaptarse a
la idea. De esta manera lograron retrasar a la marcha por días y semanas.
Ahora, cuando el Gobierno nacional implementa una campaña agresiva dentro del
TIPNIS a favor de la carretera, cuando no quedan dudas de que a la Consulta
según la Ley 222 le faltaría “buena fe”, algunos funcionarios salen con el
mismo verso. Tal como se los recomendó la representación local de las Naciones
Unidas.
“Para hablar de diálogo, tendríamos
que ver cuán abierta es la voluntad. Porque si hay una voluntad abierta del Gobierno
y del propio Presidente, entonces nos tendría que llegar antes del inicio de la
marcha la notificación de la anulación de la Ley 222”, dijo Chávez, del pueblo
Tacana.
El CONAMAQ y la CIDOB son las
organizaciones matrices que representan juntas a todos los pueblos indígenas de
Bolivia. Presentes en la Comisión Nacional, los mallkus delegados sostuvieron
que otra vez marcharán. Sólo que en el CONAMAQ, integrada por los pueblos Quechua
y Aymara, piensan hacer una movilización por los Andes, como una segunda
columna de una misma marcha, para la cual también tendrán sus demandas.
“Con la licencia de la Pacha, hermanos
de la CIDOB, con mucha satisfacción les decimos que nosotros en CONAMAQ hemos recibido
en el corazón la decisión que han tomado, porque ya es hora de que nosotros demostremos
que los pueblos indígena originarios tenemos autodeterminación y autogobierno. CONAMAQ
está presente aquí no solo para apoyar, sino para ensanchar, agrandar la
plataforma de lucha, para construir este verdadero proceso de cambio, definido
por los pueblos indígena originarios de Bolivia hace ya más de una década. Todavía
nos falta mucho para llegar, en eso nos estamos trabando, porque el Gobierno ha
entendido de otra manera al Estado Plurinacional. No nos ha respetado, como
marca la Constitución Política del Estado. Ahora nos toca otra etapa más para
construir este país plurinacional, juntamente con todos los bolivianos. Como CONAMAQ
vamos a estar junto a la CIDOB para dialogar y desarrollar los temas de la
plataforma de nosotros. En algunos grandes temas de la plataforma coincidimos,
en eso tenemos que trabajar”, dijo tata Froilán Poma, arquiri apu mallku del
CONAMAQ.
Ayer se cumplieron seis meses desde
la represión gubernamental a la Octava Marcha Indígena, cerca de Yucumo, el 25
de septiembre de 2011. Por este episodio no avanza la causa judicial, pero sí
por un supuesto “intento de homicidio” que las y los marchistas habrían
perpetrado contra el canciller David Choquehuanca el día anterior, el 24.
“Es una pena que en Bolivia la justicia
sea manejada por el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no interviniera,
creo que esto ya habría avanzado. Sin embargo -y esto el pueblo boliviano lo sabe-
cuando se posesionó a los magistrados, ese mismo día se apartó de la investigación
al Presidente y al Vicepresidente (Álvaro García Linera), toda vez que el Vicepresidente
dijo que ellos saben quiénes son los responsables (de la represión del 25 de
septiembre) pero dejaban que la justicia lo investigue e identifique. Al apartarlo
al Vicepresidente de la investigación, el propio Fiscal General del Estado,
Mario Uribe, ha obstaculizado la investigación. Y creo que uno de los temas más
importantes en la justicia es no obstaculizar ninguna investigación. Es una lástima
la justicia en nuestro país. No se toman las acciones correspondientes y, más
al contrario, ellos se vuelcan las acciones, acusando a diferentes dirigentes de
un supuesto intento de asesinato. Aquí vemos que ni la propia Fiscalía tiene
clara la figura, porque no está obedeciendo a lo que dice la ley, sino que
obedece al Poder Ejecutivo”, dijo Fernando Vargas Mosúa, presidente de la
Subcentral TIPNIS.
Para el dirigente mojeño, el
sinfín de ataques del Gobierno nacional a los indígenas obedece a que “está
desesperado porque no puede frenar a la novena marcha. Ahora está llevando
adelante un encuentro de dizque corregidores en la zona del Sécure con ocho comunidades
¿Y quién convoca? Creo que se ha terminado de hacer un encuentro de corregidores
convocado por la titular del derecho del TIPNIS, que es la Subcentral TIPNIS.
En esa oportunidad, para contrarrestarnos, el Gobierno entregó un stock de
motores para embarcaciones en la comunidad de Oromono, como una señal de que el
Gobierno tampoco está de acuerdo con la carretera. Por eso ha dado motores a
las comunidades, para que ellos continúen usando la carretera que siempre han
utilizado, los ríos. Esto demuestra claramente que el Gobierno no sabe qué
hacer, está totalmente desesperado, loco está ya este Gobierno. Me parece que
ya ha perdido el sentido común. Sigue desconociendo los derechos de los pueblos
indígenas y el principio de cumplimiento de la norma, además de la Ley 180, que
claramente especifica que la carretera no atravesará el TIPNIS, como cualquier
otro proyecto. Ahí vemos una flagrante violación a la propia Constitución y convenios
internacionales. Todo el Poder Ejecutivo está traumado. Como ahora la justicia
resuelve casos consultando a las hojas de coca, el Gobierno también debería
hacerse leer con la coca para que le compongan la cabeza”, dijo Vargas.
(Comisión de Comunicación de la Novena Marcha Indígena)
